Una investigación del periódico The Guardian y otros 16 medios de comunicación reveló que alrededor de 50,000 periodistas, políticos y activistas de derechos humanos habían sido blanco de un arma de cibervigilancia llamada Pegasus. De acuerdo con los datos compartidos, los ataques fueron orquestados por gobiernos autoritarios haciendo uso de programas informáticos de piratería vendidos por la empresa de vigilancia israelí NSO Group.
La investigación liderada por The Guardian apuntó que Pegasus es un software malicioso que afecta a dispositivos iPhone y Android permitiendo a los operadores de la herramienta extraer mensajes, fotos y correos electrónicos, grabar llamadas y activar micrófonos en secreto.
Ante los descubrimientos del “Proyecto Pegasus”, Amnistía Internacional advirtió sobre la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que han sido perpetradas a través de sistemas de cibervigilancia, señalando a Pegasus como la punta del iceberg de una crisis global en materia de derechos humanos.
Diversos organismos como Amnistía Internacional, desde hace años reparan en los peligros que guarda la industria de la vigilancia en general, sobre todo en el caso de la vigilancia ilegítima realizada por empresas privadas que actúan fuera de las normas jurídicas.
Por este motivo y en medio de un avance digital acelerado y sin precedentes que se vive tras la pandemia, la organización de derechos humanos urgió a las autoridades internacionales a trabajar en la regulación de la industria de seguridad informática y las políticas de tratamiento de datos tanto para las empresas, como para todos los organismos públicos.
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