21 millones de mexicanos se encuentran en busca de un empleo, mientras que 26 millones, si bien tienen un trabajo, el salario que reciben no alcanza ni para la canasta básica.
Así lo reporta el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el cual presentó un informe donde, de acuerdo con la investigadora María Ayala y el coordinador Rogelio Gómez, concentra cifras que incluyen a las personas que no estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que no pueden buscar activamente un trabajo debido a la pandemia.
Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que la contingencia ha derribado los avances por mejorar las condiciones laborales en el país en los últimos diez años.
En un intento por rescatar empleos y mantener a flote los negocios, las autoridades gubernamentales han ofrecido apoyos económicos especiales, aunque han sido más beneficiosos para los pequeños locales comerciales que para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Por otro lado, quienes contaban con Afore han optado por retirar ese dinero para subsistir. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (CONSAR) informó que, durante junio, los retiros se dispararon 102%. Pero este mecanismo puede ser riesgoso, dado que la Afore tiene que reponerse para no desestabilizar el futuro económico de la persona.
De igual modo, el programa de Seguro de Desempleo de la CDMX ha continuado operando y, hasta el momento, ha otorgado 48 mil 801 apoyos a la población, según datos de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE).
Sin embargo, desde los primeros meses de la pandemia, la STYFE ha recibido miles de solicitudes, lo que ha provocado saturaciones del sistema y la suspensión temporal de los ingresos al programa.
Existe otro mecanismo de protección que suele mencionarse poco, pero que es efectivo: el seguro de desempleo involuntario.
Las compañías de seguro normalmente incluyen este producto en las pólizas de crédito y su finalidad es apoyar a los asegurados en el pago de créditos de hipotecas y automóviles.
Si bien el país cuenta con estas herramientas para salir adelante, aunque sea temporalmente, es momento de que los organismos correspondientes implementen un plan de acción para que la gente en situación de vulnerabilidad, en especial quienes pertenecen al sector informal, puedan adquirir un seguro de desempleo y estén amparados por mecanismos de protección social.
Así lo señala la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual también resaltó la necesidad de no sólo lanzar programas de apoyo por COVID-19, sino llevar un registro adecuado para asistir a las personas afectadas y reforzar la formalización laboral.
Fuentes:
El Economista, julio 2020.
El Heraldo, julio 2020.
La Silla Rota, julio 2020.