Fuente: El País
Autor: Luis Pablo Beauregard
Sección: Primera
Página:40
Fecha difusión: 30/07/2016
Siete de cada 10 vehículos particulares en todo el país no están asegurados
México.- La muerte llegó a Francisca de la Luz mientras esperaba sentada el autobús en una parada al sur de la Ciudad de México. Era el primer día de febrero y México estaba de puente. Jorge Miguel García Flores había bebido y perdió el control de su automóvil. Su coche golpeó a otro y después se subió a la acera para acabar con la vida de la señora, que tenía 68 años y aguardaba el transporte junto a su nieta. El responsable del aparatoso accidente no contaba con un seguro de responsabilidad civil.
La familia de la víctima ha tenido que desembolsar desde entonces unos 100.000 pesos (5.300 dólares) para cubrir los gastos funerarios y legales. Además, ha comenzado una tortuosa batalla en los tribunales para que García Flores pague su imprudencia con una pena o reparando los daños.
Este ejemplo ilustra la alarmante realidad de las calles y carreteras mexicanas. Siete de cada 10 vehículos particulares en el país no están asegurados. Solo el 33% de los cerca de 40 millones de automóviles cuentan con algún tipo de cobertura. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calcula que cada año los gobiernos locales desembolsan unos 130.000 millones de pesos (7.000 millones de dólares) en reparar daños de conductores sin seguro.
Solo 14 de 32 entidades del país ha incluido la obligatoriedad de los seguros en sus leyes locales. Yucatán, la Ciudad de México y Jalisco son los Estados con más cobertura de su parque vehicular privado con 49%, 48% y 40% respectivamente. Michoacán y Baja California, en cambio, tienen una cobertura de 15% y a la cola se encuentra Guerrero, con el 9%. Algunas capitales han adoptado la medida sin que los gobiernos estatales lo hayan hecho. Es el caso de Monterrey y Querétaro, con índices de cobertura en el país: 51% y 64%, respectivamente. Todo el transporte de carga de mercancías y pasajeros en el país está obligado a tener seguro.
La capital del país, escenario de 400.000 accidentes viales anuales, ha tratado de corregir esta anomalía. La ciudad donde hoy transitan 4,7 millones de automóviles adopto el Seguro por el Uso de Vehículos Automotores (SUVA) en 1997. Ese año, sin embargo, la izquierda llegó al poder por primera vez en la capital y decidió no castigar a quienes no contaran con el SUVA. 20 años después, el Gobierno local ha hecho más estricta esta necesidad en el nuevo reglamento de tránsito, publicado en enero de este año y que incluyó polémicos nuevos límites de velocidad y multas impuestas por cámaras fotográficas. «En todos estos años se había aplicado la obligatoriedad, pero sin sanciones», explica Rafael Rebollar, director de mercadeo para Mapfre.
Desde enero, las autoridades de la capital del país pueden fijar multas que van de los 1.400 a los 2.800 pesos a los conductores que no tengan cobertura. A pesar de que la medida lleva un semestre en vigor, las aseguradoras únicamente han visto un crecimiento «marginal» en la contratación de seguros. «La gente no ha tenido la conciencia de comprarlo», asegura Luis Álvarez, responsable de daños y automóviles de la AMIS. Sus cálculos estiman que el crecimiento en la venta de pólizas no supera el 4% a pesar de que «las multas son más caras que el propio seguro». La asociación asegura que la protección más económica puede adquirirse por 700 pesos.
Rebollar, de Mapfre, asegura que la proyección es que en el próximo lustro se incremente a un 75% la cobertura de los seguros de responsabilidad civil. «No es un capricho de las aseguradoras, debemos considerarlo un seguro para las víctimas de accidentes viales», considera.
La actividad de las aseguradoras representa el 2,1% del PIB mexicano. La cifra es inferior a la media latinoamericana, que está por encima del 3% y lejos del 7% de los países más desarrollados.
«Vamos desfasados en esta materia porque la mayoría de los países ha visto que la obligatoriedad del seguro de los autos es un caso de éxito», dice Rebollar, Colombia y Chile, por ejemplo, son países que cuentan con él.